El Ministerio de Economía ha sido el gran promotor de la nueva ley hipotecaria, que ahora está en fase de anteproyecto.
El actual texto ha sido remitido al Consejo de Estado y es previsible que el próximo mes de septiembre entre en las Cortes como Proyecto de Ley.
Este nuevo texto incorpora muchas novedades, que sin duda serán objeto de diversos análisis, pero en estas líneas nos queremos centrar en una muy concreta.
En el anteproyecto se prevé la obligación de que antes de firmar la escritura de préstamo hipotecario con la entidad financiera, el cliente tenga la obligación de visitar a un Notario al objeto de que este le asesore y verifique que el futuro prestatario entiende las cláusulas de la escritura que firmará y que éstas, se ajustan a la ley. Una vez celebrada esta reunión de asesoramiento previo con el notario, éste ya podrá señalar fecha para la firma de la Escritura que se otorgará, como siempre, también ante notario. La pregunta es ¿esta función de asesoramiento previo que prevé la futura ley no la podrían realizar también los abogados? A fin de cuentas, entre todos los operadores jurídicos, el que más experiencia tiene en asesorar y dar consejo a las personas es el abogado, que no solo analiza la adecuación o no de un documento concreto a la ley y su comprensión, sino que además, por experiencia profesional, tiene en cuenta otras muchas circunstancias relevantes para la conveniencia o no, de firmar un determinado documento por una persona concreta en un momento preciso. Seguro que sería bueno para el ciudadano que el legislador recogiera la posibilidad de que esa consulta previa la pudiera evacuar un abogado o un notario, a elección del ciudadano. Como el anteproyecto prevé que esta primera consulta ante notario sea gratuita, igualmente debería serlo ante abogado. Seguro que muchos abogados estarían dispuestos a prestar este servicio gratuitamente, sabedores de que cada una de estas consultas, abre la oportunidad a que en el futuro esos consultantes se conviertan en clientes. Los Colegios de abogados podrían confeccionar unos listados públicos de los abogados que estarían dispuestos a prestar este servicio.
Con esta inclusión el ciudadano sale ganando. Es importante fomentar en la sociedad el concepto de abogacía preventiva. Si entre todos conseguimos que el ciudadano antes de realizar actos importantes consulte a un abogado, provocaremos una sociedad más justa y segura, sin olvidar que estaremos contribuyendo definitivamente a terminar con la congestión de nuestros tribunales. El debate queda abierto.
(Fuente: economistjurist.es)
